| La Ley de Partidos: Bodrio jurídico-político, un artículo del profesor Manuel F. Trillo |
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inSurGente.- "(...) Esta Ley está promulgada cuando el PSOE ni soñaba con llegar al Gobierno, como mínimo en el 2008, y para ese tiempo todo quedaría añejo. El problema que le ha surgido es que llegan de carambola porque más de un millón votantes que son abstencionistas decidieron taparse la nariz y votar contra las mentiras de Acebes y Aznar. Llegan de ese modo y ahora la Ley de partidos se les queda tan ancha que no saben cómo salir de esa trampa y ese gran dislate jurídico legislativo. Lo que ya me llama más la atención es que el resto de los partidos y grupos parlamentarios que apoyaron durante estos tres años al PSOE de un modo u otro lo hicieran con una ley fascista en vigor. No tienen excusa. Todos aquellos que levantaron sus voces para condenar semejante dislate legislativo ahora no se les oye, nada dicen ni Olabarria, ni Barcos, ni Llamazares, nadie. Todos callan y ello es porque prefieren dejar fuera de juego a miles de candidatos que tendrían un escaño en el ayuntamiento de sus pueblos respectivos, y ese escaño lo sería en detrimento de su propia organización política. Todos están contaminados, manchados, sucios. (...)" Hagan clic en "Leer más" para acceder al artículo completo.
La Ley de Partidos: Bodrio político-jurídico por Manuel F. Trillo "El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas".
Nadie ignora que esta Ley de partidos (Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio) se aprueba por el legislador como reacción visceral a la situación política existente en ese momento, y sin detenerse en matices jurídicos busca la fácil represalia y represión de aquellos que se opongan a los dictados de un Gobierno como el que presidía Aznar López. Para ello contó con la inigualable y nunca agradecida colaboración del PSOE (Rodríguez Zapatero), pues en la medida en que es una ley orgánica que afecta un derecho fundamental –si bien contaban con el suficiente apoyo parlamentario por sí mismos- sin embargo, el voto favorable del PSOE permitió que se concibiera con una mayor legitimidad. Ahora el PSOE se ve prisionero de una Ley "aznarista", salida de la fundación [¿FA(lange) ES(pañola)?], y ello por oportunismo político y para hacerse perdonar ante la derecha franquista los terribles errores cometidos durante el Gobierno de Felipe González (corrupción y GAL). Consciente de que esta interpretación puede ser equivocada, errada en todo o en parte, lo cierto es que los datos objetivos son inapelables. Y esa misma realidad inapelable indica que esta Ley fue rechazada por todos los grupos parlamentarios salvo los mencionados anteriormente. "Se establece un procedimiento judicial de ilegalización de un partido por dar un apoyo político real y efectivo a la violencia o el terrorismo, que es distinto del que se prevé en el Código Penal para disolver las asociaciones ilícitas por las causas previstas en sus artículos 515 y 520". Cuanto decimos está agravado por este objetivo, y con ello el legislador concibe "leyes especiales", pues no de otro modo debe interpretarse la promulgación de esta Ley de Partidos. Así el legislador, en la creencia de que lo puede todo –y puede legislar, pero congruentemente- vulnera el principio de seguridad jurídica, dado que una situación es considerada punible por el simple capricho de ese legislador. Capricho que alguien puede considerar "necesidad", pero cualquier tipo de conducta está suficientemente contemplada en el Código Penal, el cual se ha visto aparcado y superado en materia sancionadora por una Ley especial. No debe extrañar a estos legisladores las "leyes especiales del III Reich" (de 1933 a 1935), pues si sus objetivos eran diferentes, sin embargo tienen el mismo punto de partida: el dictado del Poder Ejecutivo para perseguir específicamente a determinados sujetos considerados como "escoria" a los que hay que apartar de las instituciones. Como ejemplo de cuanto acabamos de decir: no han procedido en ningún caso contra organizaciones xenófobas, racistas, o que fomentan el odio entre comunidades. Por ello su promulgación sólo persigue a los miembros de la izquierda abertzale por el simple de hecho de que entre sus objetivos mantienen como primordial la autodeterminación del País Vasco. Por otro lado, esta Ley está configurada bajo el "programa Garzón" y la instrucción del sumario 18/98, que en resumidas cuentas viene a decir que "todo lo que en la sociedad vasca no es nacionalismo de derechas pertenece al entramado de ETA". Bajo esa misma premisa se incluyen estas organizaciones en la lista de "organizaciones terroristas" por decisión política, que no judicial, en el ámbito europeo. Es tan esperpéntica toda esta conjura para marginar una opción política concreta, tal como hacían las leyes especiales nazis de 1934 y 1935 que durante el Gobierno de Aznar la legalización de organizaciones como EHAK-PCTV (comunistas vascos) no representó para los nuevos "inquisidores" políticos ningún problema, siendo el propio Ángel Acebes quien lo legaliza (más tarde se levantarían contra ellos por recibir sus candidaturas los votos que anteriormente iban a EH, Batasuna, Herri Batasuna, sintiéndose muy dolidos y engañados. Veánse las declaraciones de este Legionario de Cristo y sus conmilitones durante las últimas elecciones vascas). Por tanto, esta Ley de Partidos adolece de los mismos defectos que las leyes especiales de 1934. ¿Quiénes pueden crear un Partido Político? La especialidad de esta Ley se aprecia en el art. 2 : Los promotores de un partido político deben ser personas físicas ( ...) y que no hayan sido penalmente condenados por asociación ilícita, o por alguno de los delitos graves previstos en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal. Esta última causa de incapacidad no afectará a quienes hayan sido judicialmente rehabilitados". Esto es una obviedad, y por tanto innecesaria, dado que el Código Penal (CP) establece de modo tasado quiénes y en qué grado se han dictado las penas accesorias. Luego su referencia pretende algo más, y en ese "más" es donde radica la especialidad. En el art.3.1 se dice expresamente: "La denominación de los partidos no podrá incluir términos o expresiones que induzcan a error o confusión sobre su identidad o que sean contrarias a las leyes o los derechos fundamentales de las personas". (Ya se se ve que usar términos como "Unidad" o "socialista" y "patriota" son dichos en vasco causa de ilegalización, a dónde se ha llegado, pues en las aulas es muy difícil ya explicar estas incongruencias, y tú sabes a qué me refiero, Bermejo). Me llama particularmente la atención que no sean ilegalizados los partidos políticos que se vinculan clara y abiertamente con el régimen franquista, pues de todos es sabido que los derechos fundamentales fueron vulnerados en todo momento durante más de 40 años. Aún así permanecen como partidos legalizados. Por cierto han anulado la candidatura de la Falange Española y de las JONS (partido de asesinos durante cuarenta años de franquismo) no por su ideología, sino porque no había paridad sexual en sus listas. Ver para creer. En el art 9.2 se requiere que haya una actividad, es decir, que no es suficiente la omisión para ilegalizar un partido político: "Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático". La acción es necesaria en todo momento:"promoviendo, justificando o exculpando los atentados", pues todas estas conductas precisan de esa actividad, y no basta con suponer, sospechar, entrever, que el silencio equivale a una actividad implícita. Pues por ese camino todos los ciudadanos, y todas las asociaciones de la naturaleza que sea, y más aún las políticas, desde el partido en el Gobierno a la más pequeña agrupación electoral tendrían que estar haciendo profesión de fe democrática reiteradamente, pues podría suponerse, sospecharse, entreverse, que su silencio "promueve, justifica, o exculpa" determinados hechos tasados en la misma Ley. Como esto es absolutamente impensable que pueda llevarse a cabo en todas y cada una de las circunstancias por todos los sujetos políticos, resultaría excesivo, y muy especial, que se le exigiera a una sola de las organizaciones políticas. Pues sospechar que se puedan tener simpatías ideológicas no puede conducir a la criminalización de esos sujetos políticos, dado que nos colocaríamos en el ámbito filósófico y jurídico del "código penal de la voluntad", por el que se actuaba contra determinados individuos por el simple hecho de que su pertenencia a grupos, etnias, ideologías, les hacían ya culpables a los ojos del Poder establecido. Pongamos un símil. Digamos que alguien pertenece a una agrupación política que se denominara "Movimiento Nacional F.F."; digamos que se somete a todos los requisitos legales; digamos que entre los objetivos políticos es conseguir la "unidad de la Patria" y para ello habla de la indisolubilidad de España y la protección de todo lo que signifique ser "español", ¿acaso cada vez que hubiera crímenes contra inmigrantes se le pediría una confesión de fe democrática?, ¿se ha pedido esta fe democrática a los partidos legalizados con esta ideología? Desde luego, los fascistas tienen el campo libre y campan por sus respetos, y eso que hay una Ley de Partidos restrictiva, discriminatoria, anticonstitucional, ilegítima, y persigue la criminalización de las opciones políticas como las que representan PNV, CiU, BNG, etc. Podéis imaginar que ante semejante cantidad de dislates jurídicos uno se cansa, pero mirando lo que el ignorante populacho aplaude cada vez que sale a la palestra esa caterva de fascistas remozados, y dicen cosas tan peregrinas como que todos los vascos que nos están en el PNV, PSOE, PP, IU, etc. están contaminados, uno no puede callar. Es demasiada la agresión a la inteligencia. Y además me estáis dejando sin argumentos para defender el Estado de Derecho. No se han callado quienes ven en ello un peligro sumo: Emilio Olabarría (PNV): "La Ley de Partidos es una amputación no democrática de una parte de la voluntad política vasca"; « la Ley de Partidos está causando una verdadera regresión democrática, porque amputa los derechos de miles de ciudadanos». Uxue Barkos (Nafarroa Bai): "Si Batasuna fuera ETA, hubiera bastado con el Código Penal, pero la Ley de Partidos es sólo un atajo para quitarla de en medio". Pero han llegado las elecciones, y ¿alguien ha oído a estos sujetos hablar alto y claro? Yo no. Agradecería que alguien me informara de que esa diputada de Nafarroa Bai (Uxue Barcos) ha hablado a favor de la participación como candidatos de todos aquellos que no hayan sido objeto de condena. Porque, digámoslo, o se está en la cárcel por sentencia firme, o los derechos civiles y políticos siguen incólumes. Salvo en Euskal Herria, faltaría más. La conclusión es que esta Ley de Partidos debe ser derogada, porque el sistema democrático y el ordenamiento jurídico no puede soportar una agresión de tal magnitud; se debe redactar otra en que todas la opciones se sientan integradas y no excluidas y que sólo, y solamente, sea el Código Penal quien se imponga como norma sancionadora, pues la existente implica una especialidad que contraviene la congruencia del ordenamiento jurídico. El art. 9 en su totalidad está redactado para perseguir a determinados ciudadanos y determinada ideología, no se para en barras en esa especialidad, y los legisladores que la han aprobado deberían sentir una profunda vergüenza, claro, que por lo que sé y lo que he conocido, una buena parte de ellos carece de inteligencia, sensibilidad y además son portadores de una estulticia que clama al cielo. Su derogación, por tanto, no puede esperar más tiempo. Esta Ley está promulgada cuando el PSOE ni soñaba con llegar al Gobierno, como mínimo en el 2008, y para ese tiempo todo quedaría añejo. El problema que le ha surgido es que llegan de carambola porque más de un millón votantes que son abstencionistas decidieron taparse la nariz y votar contra las mentiras de Acebes y Aznar. Llegan de ese modo y ahora la Ley de partidos se les queda tan ancha que no saben cómo salir de esa trampa y ese gran dislate jurídico legislativo. Lo que ya me llama más la atención es que el resto de los partidos y grupos parlamentarios que apoyaron durante estos tres años al PSOE de un modo u otro lo hicieran con una ley fascista en vigor. No tienen excusa. Todos aquellos que levantaron sus voces para condenar semejante dislate legislativo ahora no se les oye, nada dicen ni Olabarria, ni Barcos, ni Llamazares, nadie. Todos callan y ello es porque prefieren dejar fuera de juego a miles de candidatos que tendrían un escaño en el ayuntamiento de sus pueblos respectivos, y ese escaño lo sería en detrimento de su propia organización política. Todos están contaminados, manchados, sucios. No se puede ladrar a la luna de Valencia y luego callarse como un zorro. Entiendo que PNV (Olabarrria), que Nafarroa Bai (Barcos), que EB-IU (Llamazares/Madrazo) callen, pues al fin y al cabo disputan miles de concejales a la izquierda abertzale, pero que se calle también ERC y BNG y la Chunta, es algo que no me cuadra si no es porque también están emporcados en el sistema del que viven y que les sustenta. (He oído a un candidato de IU en Navarra decir: "impedir que se presente "Batasuna" favorece a todos por eso todos callan, si son terroristas a la cárcel, si no lo son que se presenten, me siento avergonzado"). Posiblemente cuando vean las consonancias y resonancias fascistas de esta Ley que no han derogado en estos tres años al compararla con la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, posiblemente vengan a exigir su derogación, pero será ya demasiado tarde, porque al socaire de la misma se han criminalizado conductas legales de personas con todos sus derechos civiles íntegros, pero que serán arrojados al cubo de la basura como si fueran mierda ciudadana a cientos, miles, de candidatos que no entenderán jamás que ellos se queden fuera mientras los personajes acusados de corrupción y de forrarse en el cargo campan en las listas y mean brillantina en su pueblos. Invito a Olabarria y a esa tertuliana Barcos a que miren despacio ambas leyes fascistas, y que dejen las demagogias, y así mismo a que los de ERC –tan republicanos y tan demócratas- propongan una proposición no de ley de inmediato, de otro modo caerán en la indignidad más abyecta. Cada cual lo es por lo que hace, no por lo que dice que hará. Esperamos ansiosos una respuesta. Vuestro es el tiempo y la palabra. |
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