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Prueba ''el Cocidito''
El Cocidito de esta semana
Todas las semanas, te ofrecemos el último Cocidito. Escúchalo y disfruta."Cocidito madrileño"- sección del programa Mas que palabras de Radio Euskadi
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Jurar lealtades de rodillas |
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De los gemelos Kaczynski al presidente Rodriguez Zapatero o de la “Ley de lustracion” polaca a la “Ley de Partidos“ española; un artículo de Hugo Gómez
inSurGente.- No puede uno menos de percibir un coherente sincronismo de estas dos estrambóticas instituciones legales, sendas reglamentaciones de los progroms y de la “limpieza” ideológica y política, cuando simultáneamente ruedan decapitados en las pocilgas del sistema democrático burgués, allá en Polonia y acá en España, los derechos fundamentales de un conglomerado de ciudadanos libres....
Se le ha exigido a la izquierda abertzale, poco más o menos, que jure de rodillas lealtad al rey y renuncie a su derecho a la libre determinación de su pueblo, obligándosele, como en rito bautismal, a “renunciar a Satanás, a sus pompas y a sus obras y consagrarse a Jesucristo para siempre...”, como condición sine qua non para ver legitimada su condición de ciudadanos con derecho a elegir y a ser elegidos. Tal la fórmula de compromiso de “renuncia a la violencia”, ideada extra lege por expertos de los dos partidos mayoritarios y recogida con matices por la jurisprudencia suprema, inexistente en el texto de la Ley de Partidos y frente a la cual, dogmáticamente, no le vale al bipartidismo hegemónico la declaración expresa del partido abertzale de acogerse al sistema democrático para reivindicar su derecho de independencia nacional y su programa de transformación social, que es otra manera de expresar la aceptación de unas reglas del juego con exclusión de la violencia como arma política para conseguirlo.
En realidad, el propósito perseguido por el gobierno y los dos partidos, propietarios exclusivos de la alternancia en el poder de Estado, ha sido y era eliminar de la contienda electoral , por medio de la represión policial y de la condena judicial a la izquierda abertzale, personificada ahora en el nuevo partido Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), anulando cualquier otra forma legítima alternativa de presentación de sus candidaturas. Objetivo clara y expresamente proclamado a los cuatro vientos en la radio, la prensa escrita y la televisión por el mismo vocero del PSOE y del Gobierno, el ex constitucionalista López Garrido. Treta tendiente a contrarrestar la preponderancia y el peso específico de la izquierda abertzale, eliminándolos mejor, por ser pieza contradictoria decisiva frente a los intereses del Estado nacional español en la resolución del conflicto vasco, a la hora de su negociación política. Finalmente, el plan ha sido llevado a cabo en medio de la más burda violación del derecho fundamental al sufragio ciudadano, amparados en su ejecución por las más altas instituciones jurisdiccionales encargadas por la Constitución Española de protegerlo: el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
En esa línea de utilización de la justicia para fines políticos , el Fiscal General del Estado , con ademán en la foto de felino, presto a lanzarse sobre la presa, entrevistado por el diario El País el pasado domingo 13 de mayo, preciándose de su condición de Supremo Magistrado en excedencia, llega a proclamar vergonzosamente cosas de este calibre: ” reventar el procedimiento previsto por la ley para garantizar su cumplimiento, de tal modo que se pase mediante una saturación de procedimientos: el nuevo partido, ASB, las centenares de agrupaciones electorales y, finalmente, un partido legal, ANB”. Es decir, “reventar el procedimiento” es lo que se ha hecho, son sus palabras, para adecuarlo a una interpretación y aplicación amañadas de la ley, permitiéndole asestar el puntillazo de gracia al enemigo político. Ciertamente, esto no es más que el fraude de ley al revés, pero fraude de ley, producido por las instituciones jurídicas de suprema instancia, contrariando su principal función en la administración de la justicia que se le pide, de actuar siempre para proteger el derecho de los ciudadanos y en interés de la ley.
Impregnado de un espíritu de competitividad grosera, el mismo Fiscal General agrega que: “hemos superado los dos obstáculos: el fáctico y el jurídico. Y esto tiene que satisfacer a los dos grandes partidos. Porque el único que ha perdido es el partido ilegal Batasuna”. Ha triunfado, pues, la razón de Estado pisoteando un derecho fundamental; y el cancerbero de la legalidad burguesa española se ufana de ello ante el periodista-acólito del magnate Polanco . Y de remache, sin abandonar su postura parcializada, añade lo que no es menos cínico: “ No se debe politizar la justicia y tampoco judicializar la política”.
“ Por qué no”, es el título de un artículo del constitucionalista y catedrático Javier Pérez Royo, publicado en el diario del emporio Prisa, El País, en su edición del pasado sábado 5 de mayo, en momentos en que el Supremo admitía las demandas del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado contra las listas del ANV (Acción Nacionalista Vasca). Es nítida, certera y valiente su posición ante el desguace del sistema jurídico español y la claudicación de la casi entera totalidad de la docencia jurídica española. Apartes del texto son los siguientes: “El derecho de Participación política no tiene limites...”: “Por eso no es posible el establecimiento de límites para el ejercicio del derecho. Los dos únicos que se admiten son la condena mediante sentencia judicial firme por un delito que lleva aparejada la pérdida del ejercicio del derecho del sufragio durante el tiempo que indica la sentencia o la incapacidad judicialmente declarada (..) Arnaldo Otegui no está privado del ejercicio del derecho de participación política en ninguna de sus vertientes. No solamente tiene derecho a votar por la candidatura que estime pertinente, sino también a figurar en una candidatura que pueda ser votada por sus conciudadanos. Arnaldo Otegui es tan ciudadano español como cualquier otro. Es posible que a él no le guste serlo, pero lo es. Y mientras lo sea, no puede ser privado del ejercicio del derecho de participación política, excepto por las vías antes mencionadas.”
Pues bien. En síntesis, se les castiga a él, a los demás candidatos abertzales y a los sufragantes de su partido con la exclusión de sus derechos políticos ciudadanos y se les declara portadores, a ellos y a sus organizaciones políticas y sociales, de una extraña enfermedad política que “contamina” de hecho y por derecho todo cuanto tocan los independentistas vascos., diagnosticada en las oscuras estancias del Ministerio encargado de la represión política, y elevada a figura política con rango jurídico por las Supremas instancias de la justicia española: “ la contaminación”.
Es claro que uno no puede estar de acuerdo con el contenido ni la forma de esta cacería Real al abertzale, cuando ha sido formado en principios políticos y jurídicos enteramente contrapuestos a los que ahora se erigen para justificar y legitimar el despojo del principal y más genuino derecho ciudadano. Más aún, cuando este despojo no puede llevarse a cabo sino corrompiendo la jurisprudencia y la doctrina jurídica, aplicada de manera distinta en otras circunstancias, arrastrando con ello, convertidos en fiera jauría y en serviles escribanos del reino, a versados catedráticos de Facultades de Derecho, éstas ahora sin opinión y auto silenciadas; retorciendo la norma y el procedimiento legales y manipulando y comprometiendo en la prevaricación a jueces y tribunales de menor a mayor rango jurisdiccional, sin respeto a la opinión pública decente.
Es una destrucción dantesca de todo cuanto nos enseñaron los maestros del derecho, cuando éstos solo reclamaban con dignidad y humildad simplemente el título de “maestros” y no se habían “contaminado”, no estaban “contaminados“ por las dádivas del regio poder, ni por compromisos inherentes a la prestación incondicional de sus servicios, en el asesoramiento jurídico bien pagado, a las cúspides institucionales de la política y del gran mercado.
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